“Luego de 15 años de hacerle seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, con la cual la honorable Corte Constitucional impartió órdenes para preservar la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud”, es el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al alto tribunal.

En consecuencia, agrega el Defensor, “demanda acciones de todas las autoridades y particulares que forman parte del sistema, por lo que se hace urgente que la Corte Constitucional emita órdenes encaminadas a garantizar tan importante derecho humano”.

La entidad de derechos humanos ha constatado el incumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte, razón por la cual se hace necesario que sean corregidas las medidas adoptadas por el actual Gobierno, que han puesto en alto riesgo la vida, integridad y salud de los usuarios del sistema. 

Te puede interesar: “No es verdad”: Presidencia negó que Petro vaya a cerrar el Congreso

“La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”, reclama el Defensor del Pueblo.

A propósito del Magisterio, como modelo especial de salud, se ha venido implementando sin que se haya establecido un régimen de transición adecuado que garantice la protección del derecho humano a la salud de cerca de 819.000 afiliados. Ello está poniendo en riesgo, particularmente, a quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas, de alto costo, y a aquellas personas con tratamientos permanentes.

EPS intervenidas y en liquidación voluntaria 

El propósito de la institución nacional de derechos humanos ha consistido en advertir oportunamente los riesgos y vulneraciones al derecho a la salud de los más de 22 millones de afiliados a las siete entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas en los últimos 18 meses. Recientemente, otras dos EPS solicitaron el retiro voluntario.

“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos siendo el termómetro de los indicadores de la prestación del servicio a los usuarios de Famisanar, Nueva EPS, Sanitas EPS, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud y EPS SOS de Comfandi, intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Y ahora seremos el termómetro de Compensar y Sura EPS, que pidieron su salida voluntaria y progresiva del sistema de salud colombiano, ante la crisis financiera que están viviendo, para lo cual ya hemos requerido a las autoridades del Gobierno que nos remitan la información sobre los indicadores financieros, jurídicos y de servicio”, indica Camargo Assis.

Lea además: Corte ordena que siga investigación contra Cielo Gnecco por doble homicidio

La Defensoría estará atenta a que las intervenciones cumplan la función de mejoramiento. Vale recordar que el año pasado la entidad hizo una audiencia defensorial sobre cinco EPS intervenidas, y encontró que, con la nueva administración, se habían deteriorado de manera significativa sus indicadores de gestión, panorama que daba cuenta de un alto riesgo para la salud de los afiliados. 

“Hemos solicitado a la Corte Constitucional la programación de manera urgente y prioritaria de una audiencia, con el fin de que sea evaluada la situación actual de la salud. Deben participar el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los aseguradores, los prestadores, la academia, profesionales de talento humano del sector, los laboratorios y gestores farmacéuticos, el Magisterio, Sanidad de la fuerza pública y demás subsistemas, como también la sociedad civil. Es imperativo encontrarle salidas a la situación crítica que vive la salud en Colombia”, concluyó el Defensor del Pueblo, Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo